Una iniciativa legislativa que buscaba implementar la obligatoriedad de permisos para la venta de bebidas alcohólicas, y que obligaba a que estos negocios se instalen a no menos de 50 metros de zonas residenciales, no prosperó en el Congreso Nacional en el año 2012.
El proyecto de ley, que fue sometido por el Poder Ejecutivo, dejó sobre el Ministerio de Interior y Policía la responsabilidad de vigilar con personal civil, auxiliado por policías, a los establecimientos dedicados a la venta de alcohol.
Con la iniciativa se buscaba establecer vía ley el horario de venta de las referidas bebidas, y además incluía prisión de hasta seis meses para los conductores en estado de ebriedad. Por igual, imponía multas que iban desde 2 hasta 50 salarios mínimos para estos infractores.
El día de ayer el editorial de LISTÍN DIARIO recogió parte del sentir de la población sobre el incremento de los denominados “drinks”, o establecimientos de venta exclusiva de alcohol, que hacen sus negocios afectando a barrios y residenciales con altos niveles en sus altavoces.
La posición del diario sobre este tema incluía la venta de alcohol por parte de los tradicionales “colmadones”, donde por lo regular infantes acuden en búsqueda de los productos necesarios en la cotidianeidad del hogar.
Según reseñas de prensa de julio de 2012, cuando el entonces presidente Leonel Fernández sometió el proyecto al Senado de la República, la pieza legislativa versaba sobre los centros de expendio turístico, los que para poder dedicarse o continuar con su actividad necesitaría de una licencia especial emitida por el ministerio de Interior.
El proyecto encontró rechaz en el ambiente artístico y comercial, que entendía se les afectaba de forma seria sus intereses económicos y, además, entendía que se limitaba los derechos de los ciudadanos para divertirse.
El proyecto de ley llevaba por nombre el Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y en él se estipulaba la prohibición de vender alcohol a estudiantes uniformados aunque estos fueran mayores de edad, y por igual “a personas en visible estado de embriaguez, o bajo el efecto de narcóticos, con deficiencia mental, y a personas que estén armadas al momento de la petición de venta”; por igual las ventas en las vías públicas a no ser que se tuviera un permiso de las autoridades.
