La corrupción en República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de su Administración pública, una circunstancia que, de enquistarse, podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones de un estudio que este martes presentará en Washington el prestigioso Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS). El dominio del poder legislativo y del judicial por parte del partido en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), avivado por una oposición fragmentada y débil ha contribuido, según el estudio, a asentar “una cultura de la corrupción” en el Gobierno que está lastrando las perspectivas de crecimiento económico de la nación y la relación con Estados Unidos, su principal socio comercial.
La abrumaría mayoría del PLD, primero con los dos mandatos de Leonel Fernández Reyna (2004-2008, 2008-2012) y ahora con el recién elegido Danilo Medina, han permitido a la formación abordar reformas constitucionales para favorecer el control del resto de las ramas de la Administración, facilitando la elección de los integrantes de las altas instancias del sistema judicial dominicano, denuncia el estudio del CSIS. A esta circunstancia se suma una oposición dividida y enfrentada (el apoyo de la principal alternativa de Gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a las modificaciones de la Constitución, en 2010, provocó la escisión de sus integrantes), sin capacidad para denunciar el abuso y la falta de transparencia del Ejecutivo.
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