La práctica de establecimientos comerciales de la parte alta de la capital de publicar en vitrinas fotos de personas que las cámaras de seguridad captan robando, constituye un delito que conlleva penas de 3 a 7 años de reclusión para sus propietarios, consideran abogados y activistas de los derechos humanos. Varios abogados opinan que esa práctica debe ser sancionada porque constituye una “flagrante” violación a derechos fundamentales y a la presunción de inocencia de la que goza todo individuo, hasta que se produzca una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada.
Para los abogados Carlos Olivares y Domingo Porfirio Rojas Nina esa es una acción que debe ser repudiada por la sociedad dominicana porque viola principios constitucionales.
Rojas Nina consideró que existe apatía y negligencia de parte de las autoridades para perseguir los negocios que incurren en ese delito que dijo lacera la dignidad de personas, sin una condena.
“Ese hecho es un delito sancionado por la ley, y aún es más penoso, porque los agraviados no se hayan querellado, pero a pesar de ello, hay una indiferencia que genera hastío de las autoridades para enfrentar esa situación”, precisó.
El activista de los derechos humanos lamentó que en un caso de esa dimensión violatoria no se haya ejercido la acción pública.
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