Sin duda que este es un elemento importante en la situación de violencia y criminalidad que vive el país desde hace varios años.
Parece ser que Interior y Policía no dispone de los medios para localizar las 80 mil armas de fuego que tienen civiles que no pagan al Estado el derecho a uso, pero que además son caldo de cultivo para actos de violencia.
El anuncio de facilidades para que los propietarios renueven los permisos, parece tener un interés exclusivamente de recaudación y no de control.
A ninguno de los que se acogen se les indaga sobre su domicilio real, lo que dificulta su localización en caso de cualquier hecho de sangre. Tampoco el examen psicológico se hace con la rigurosidad que amerita el porte de un arma de fuego.
@elnacional
