La variación de la medida fue impuesta por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas Méndez, al acusado Aquiles Hernández Bona, tras acoger la solicitud de la Fiscalía.
“Aquiles Hernández Bona cumplía arresto domiciliario y estaba obligado al uso de un brazalete electrónico, sin embargo incurrió en constantes faltas en el uso correcto del localizador y al compromiso asumido de ser parte del programa, al mismo tiempo que no hacia los pagos correspondientes”, dice una comunicación de prensa del Ministerio Público.
En el escrito de solicitud de revisión de la medida de coerción, la Fiscalía del Distrito Nacional manifestó que no ha podido lograr establecer que exista garantía de que el imputado no se va sustraer del proceso, sino que al contrario ha demostrado que su comportamiento equivale a un peligro de fuga.
La Fiscalía ofertó al tribunal, como elementos probatorios, las certificaciones de las compañías Fennix Global Techlogies y Monitoreos Dominicana, que evidencian el incumplimiento de la medida de coerción.
Por el mismo caso de fraude cumplen medida de coerción, consistente en arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica, el mayor general retirado Iván Aquiles Hernández Oleaga y su hija Ivette Hernández Bona, por violentar la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.
De conformidad con las indagatorias preliminares del Ministerio Público, el fraude cometido por el Banco Providencial, a través de la inmobiliaria Propiherbon, es de aproximadamente 700 millones de pesos.
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