Dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.
“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.
Posibles salidas
Si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.
El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo, es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.
Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.
“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.
Implicaciones fatales
Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.
“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a EL DÍA.
En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.
“Esto puede causar un problema de liquidez al Estado, al tener que buscar unos recursos que no están contemplados en el presupuesto”, advirtió.
Cabe destacar que el precio final de Punta Catalina aumentaría de US$1,945 millones a US$2,653 millones , si el Gobierno se viera obligado a pagar el alegado incremento en los costos de construcción del muelle del proyecto y otros aspectos “relacionados al cronograma y a posible extensión del plazo” que pide la constructora brasileña.
Esto indica que la obra terminaría con una sobrevaluación de un 30 %, tomando en cuenta que la comisión que investigó la licitación del proyecto manifestó que el costo pactado en el contrato está un 6 % por debajo de su valor en el mercado internacional.
Corrupción técnica
El experto energético Jose Luis Moreno San Juan cree que con esa afirmación se trató de crear el escenario para justificar el pedido de la empresa acusada de conseguir sus contratos a base de sobornos.
Afirma que las dos plantas de 720 megavatios no debieron costar más de US$1,740 millones y se adjudicaron en US$1,945 millones, “por lo que Odebrecht no tiene asidero legal para pedir más dinero”.
“Lo que están haciendo se llama corrupción técnica, ya que por lo único que podrían alegar más dinero es por una indexación que no llega a más de US$100 millones”, explicó el director del Instituto de Energía de la UASD.
San Juan dijo que Odebrecht debe más al Estado, porque debe pagar US$500,000 por cada día de atraso de la obra.
Reacción.
El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, fue consultado por EL DÍA sobre el tema, pero no ofreció ninguna respuesta sobre el tema.
CDEEE.
En las reuniones participa la CDEEE y sus consultores jurídicos, el Ministerio de Hacienda, y la firma de asesores Pereyra.
¡Fuera Odebrecht!
Jose Luis Moreno San Juan sustenta que lo mejor que haría el país sería salir de Odebrecht si no llega a un acuerdo con el Gobierno, porque ha demostrado ser incompetente.
Afirma que la obra está retrasada por el “desorden” de construcción.
Contrato establece arbitraje
El contrato de construcción de Punta Catalina establece en su artículo 18 que si las partes tienen una disputa deberán dirimirla en un Comité Mixto de Solución de Controversias (CMSC), conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a “Dispute Boards” (Consejos de Disputas).
Este será realizado en República Dominicana en español.
Pero si una de las Partes no acata o cumple con alguna recomendación del CMSC, la otra podrá someter dicho incumplimiento a arbitraje.
La sede del arbitraje será en Nueva York, y la legislación aplicable será dominicana.
