Al ser la primera vez que se ejecuta desde el regreso de la democracia al país, en 1976, aún hay mucha incertidumbre en torno a cómo se pondrá en práctica. Si bien la autonomía de la comunidad quedará en suspenso por un plazo máximo de seis meses, algunas de sus instituciones seguirán en funcionamiento y otras serán intervenidas.
El objetivo primordial será el llamado a elecciones en Cataluña. El proceso demandará varios meses y requerirá que el gobierno español asuma algunas funciones ejecutivas del Govern que son necesarias para organizar los comicios.
La posición de Rajoy era usar el 155 para destituir al presidente Carles Puigdemont, y a la plana mayor de su gobierno. Pero el PSOE pretendía que la intervención fuera lo más limitada posible.
"Hará falta un decreto por el cual se lleve a cabo la destitución de las personas y de los cargos que estén incluidos en estas medidas", había dicho Rafael Catalá, ministro de Justicia de España. Será necesario esperar para ver lo que define ese decreto, que seguramente se conocerá en las próximas horas.
Lo cierto es que ya no dan los plazos para que los comicios se celebren este año, así que la suspensión de la autonomía se extenderá por lo menos hasta comienzos de 2018. Por otro lado, en la medida en que convocar a elecciones es una competencia exclusiva del presidente, parece difícil que Puigdemont pueda permanecer en el cargo. Lo mismo le cabe a los funcionarios que están al frente del Departamento de Interior, que se ocupa de coordinar los procesos electorales.
Otra institución que tendrá que ser intervenida son los Mossos d'Esquadra, la Policía autonómica. Sin ella, el gobierno de Rajoy difícilmente podrá realizar los comicios y mantener el orden en una Cataluña que estará en ebullición durante los próximos días.
Por último, también se espera que Oriol Junqueras, número dos de Puigdemont, sea doblemente destituido. Por ser el vicepresidente y por ser Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, que también deberá quedar bajo la órbita de Madrid, que buscará tener un control sobre las cuentas catalanes.
El Parlamento, en cambio, seguirá probablemente en funciones. No obstante, sus competencias serán más limitadas, ya que no podrá poner un freno a las actuaciones dispuestas por Madrid, que solo podrán ser censuradas por el Senado español.
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