El juez Phillip Rodríguez ordenó además restablecer DACA y sus correspondientes permisos de trabajo a los tres jóvenes demandantes y a un colectivo que, como ellos, fuera despojado de ese beneficio a partir del 19 de enero de 2017 “sin notificación, explicación razonada u oportunidad de responder”.
Además, el gobierno queda prohibido de tomar medidas similares en el futuro, de acuerdo a la orden de Rodríguez.
El juez dio su decisión el lunes por la noche después de una audiencia en su tribunal del centro de Los Ángeles en el caso IEIYC & Arreola v. Nielsen, que fue presentado por la Unión de Libertades Civiles Americanas y la ACLU del Sur de California.
“La decisión dificulta al gobierno la terminación arbitraria de beneficios de DACA a personas individuales”, dijo la abogada Jennifer Chang Newell, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU nacional.
La letrada indicó que, esencialmente, la demanda pedía que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Inmigración y Naturalización (USCIS) siga “sus propias reglas” para retirar el beneficio de DACA a personas que lo han tenido en el pasado.
Los orígenes de esta demanda están en tres casos de jóvenes inmigrantes cuyo DACA fue revocado automáticamente luego de un arresto, aún cuando nunca fueran convictos o el delito no entrara bajo los que descalifican a una persona de obtener DACA.
El primer caso de renombre fue el de Jesús Alonso Arreola Robles, un residente de North Hollywood de 23 años que fue arrestado en febrero de 2017 mientras transportaba a unos pasajeros cerca de la frontera en su Uber/Lift.
El caso de Arreola, según activistas defensores de los inmigrantes y según los abogados, refleja un tipo de táctica que el gobierno ha usado en otras oportunidades: arrestar a un joven con DACA bajo sospecha de un delito, quitarle su DACA de inmediato y ponerlo en proceso de deportación. Este proceso seguiría aunque la investigación policial no termine en una acusación por delito alguno.
En noviembre, el juez Rodríguez ordenó a DHS restaurar el daca de Arreola, así como su permiso de trabajo.
La ACLU siguió adelante con una demanda colectiva, ya que surgieron varios otros casos similares.
“No sabemos a cuantas personas les han hecho esto pero conocemos al menos 22 casos y creemos que hay muchos más”, dijo David Hausman, abogado de la ACLU nacional. “Sospechamos que hay cientos, por lo menos”.
Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, USCIS cambió la forma en que maneja la cancelación de DACA a personas arrestadas por cometer algún delito y alegó que personas simplemente acusadas de ciertos delitos deben sufrir cancelación automática al recibir un “Notice to appear”.
Un “notice to appear” es la primera notificación que envía el gobierno cuando inicia un proceso de deportación.
Pero los abogados argumentaron que el gobierno no estaba siguiendo sus propias reglas incluidas en el memorandum que estableció DACA originalmente en 2012 bajo el gobierno de Barack Obama.
Hausman explicó además que una orden de deportación no descalifica DACA automáticamente, ya que “DACA siempre ha estado disponible incluso a personas que están en proceso de deportación” y si se otorga suspende dicho proceso.
El juez Rodríguez estuvo de acuerdo no sólo estableció que la demanda puede seguir adelante en forma colectiva sino ordenó al gobierno restaurar el DACA a personas que lo perdieron de esta manera desde enero de 2017.
El magistrado le dio 14 días a USCIS para enviar notificación de esta decisión a todas las personas cuyo DACA fue revocado después del 19 de enero de 2017 sin aviso. También ordenó que revisaran si esas personas habían sido convictas de un delito que las descalifique para el programa y, si no es así, deben restablecer su DACA y permiso de trabajo lo antes posible.
Si el permiso original hubiera expirado por fecha, se ordena que les permitan presentar su renovación y tener un estatus legal interino.
El departamento de justicia, por medio de una portavoz, declinó comentario sobre el caso.
