Rumanos sirven la cena en las fastuosas salas de banquetes. Sudafricanos atienden a los huéspedes en el spa. Británicos hornean pastelillos. La mayoría son jóvenes contratados como trabajadores visitantes con visas especiales, y durante la temporada alta de invierno viven en una comunidad privada con una cancha de vóleibol de playa y una sala de cine. En las mañanas, se ponen sus uniformes limpios y son trasladados en una camioneta hasta el complejo de lujo ubicado a 9,6 kilómetros en Palm Beach.
Pero ellos representan tan solo una parte de la fuerza laboral del centro turístico de Trump en el sur de Florida. Además de los empleados extranjeros visitantes y el cuantioso personal estadounidense, hay otra categoría de trabajadores, principalmente los que atienden los frondosos campos de golf cerca de Mar-a-Lago.
A ellos no les ofrecen apartamentos, sino que fueron recogidos al costado de la carretera por los contratistas de Trump de entre los grupos de jornaleros que entraron al país sin autorización. Esas personas fueron contratadas por empresas que asumen la responsabilidad de verificar sus documentos migratorios, o fueron añadidos a la nómina tras una revisión muy superficial de sus tarjetas de Seguro Social y de residencia permanente, algunas de las cuales son falsas.
Ese grupo de empleados es una vergonzosa realidad para un presidente que ha arremetido en contra de los inmigrantes que están en el país de manera ilegal, una verdad que su compañía trata de borrar.
Desde hace mucho, Trump ha admitido que operar la industria hotelera con una oferta limitada de trabajadores estadounidenses es increíblemente difícil: esa es la razón por la que Mar-a-Lago ha recurrido con tanta frecuencia a empleados visitantes para puestos que por lo regular duran, en el caso de Florida, solo los meses del invierno. “Es muy, pero muy difícil conseguir gente”, explicó durante la campaña de 2016. “Pero otros hoteles hacen exactamente lo mismo”.
En el caso de la Organización Trump, la contratación de trabajadores inmigrantes quizá esté a punto de terminar: ante las críticas que suscita la practica de emplear a trabajadores que están en el país sin autorización, la empresa ha empezado a tomar medidas discretas para eliminar de su plantilla laboral en Florida a todas las personas que permanecen en el país de manera ilegal.
En marzo, a siete empleados veteranos de mantenimiento en el Trump National Jupiter, el club de golf que Trump adquirió en 2012, se les informó que el personal se iba a reorganizar. Les dijeron a los trabajadores que tenían hasta el 22 de marzo para comprobar que cumplían con los requisitos legales para trabajar en Estados Unidos.
Uno a uno, los empleados —provenientes de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México— empezaron a irse. Solo uno de los siete era residente legal.
“Se deshicieron de mí luego de tantos años de trabajo duro porque no tengo papeles”, dijo Doroteo Hernández, de 42 años, un mexicano que llegó a vivir al país de manera ilegal. Él trabajó durante diez años en el equipo de mantenimiento de Jupiter, uno de los lugares que Trump visita más cuando pasa los fines de semana en Mar-a-Lago.
Hernández, un hombre bajito de rostro curtido y manos de obrero, dijo que a finales de marzo le entregó a su supervisor once camisas desgastadas que llevaban bordado su nombre y el del club, once pares de pantalones color caqui y una gorra del club; este lo elogió y le dio un fuerte abrazo de despedida.
“Voy a seguir luchando”, comentó Hernández, quien mantiene a sus padres y hermanos en México. “Lo único que queremos es cuidar de nuestra familia”.
Escenas similares han sucedido en varias propiedades de la Organización Trump desde que The New York Times informó por primera vez que dos mucamas que estaban en el país sin autorización trabajaron durante varios años cerca de Trump en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.
Otros empleados sin permiso legal para trabajar rompieron el silencio en otros complejos de golf de Trump, incluso algunas de esas personas no fueron incluidas a propósito en las listas de empleados que fueron investigados por el Servicio Secreto.
En el condado de Palm Beach, que alberga decenas de hoteles, centros de golf y comunidades residenciales, hay una demanda constante de trabajo doméstico, en cierta medida realizado por extranjeros que llegan con visas H-2B de trabajador visitante. Las propiedades de Trump en Florida solicitaron 148 de estos empleados inmigrantes para la temporada de 2018-2019, una cifra mayor comparada con la mayoría de los años anteriores. Esta es un área de la inmigración que el gobierno de Trump ha insistido en expandir.
Mientras tanto, en todo el país, enclaves de inmigrantes han crecido a la sombra de casas multimillonarias: zonas donde las calles están repletas de hogares mucho más humildes, carnicerías (con nombres en español) y oficinas de giros bancarios desde donde los inmigrantes envían dinero a sus parientes todos los viernes. A diferencia de los que viven en las comunidades privadas, los inmigrantes de esta zona son mayormente centroamericanos, mexicanos y haitianos.
Varias oficinas de empresas de contratación —discretas, a veces con ventanas de vidrio tipo espejo— están ocultas en centros comerciales al aire libre. Aquí, los trabajadores pueden presentar solicitudes para que los envíen a centros de trabajo, en ocasiones ese mismo día.
La finalidad original de esas empresas de contratación era fungir como departamentos externos de recursos humanos, proporcionando empleados temporales y manejando su papeleo, según Richard Celler, abogado laboral en Fort Lauderdale, Florida. Pero ahora, Celler dijo que “se han transformado”. Mencionó que los empleadores han optado por administrar a su plantilla regular de empleados a través de estas empresas para reducir el costo del seguro de compensación del trabajador y limitar su responsabilidad.
“Es la subcontratación laboral”, explicó. Pero hay otra ventaja importante.
Greg Schell, un abogado que trabaja en Lake Worth, Florida, y representa a agricultores y otros trabajadores migrantes, dijo que a medida que los empleadores se han enfrentado a un mayor escrutinio por parte de las autoridades federales por contratar mano de obra indocumentada, han recurrido a las empresas de contratación, algunas de las cuales realizan verificaciones cuidadosas de inmigración, pero otras no las hacen.
Estas compañías permiten que muchas granjas y centros de golf en Florida, que a menudo batallan para encontrar trabajadores legalmente autorizados, mantengan equipos grandes de trabajo sin asumir la responsabilidad legal relacionada con su estado inmigratorio, comentó Schell. “El concepto en general es que alguien más cargue con la responsabilidad”, aclaró.
Hace poco tiempo, los encargados de áreas exteriores y los empleados de mantenimiento de los clubes de golf eran contratados directamente por los centros propiedad de Trump en Florida y con frecuencia los transferían entre ellos, según los testimonios de varios exempleados. Sin embargo, en años recientes, la organización transfirió la gestión de sus equipos de trabajo de Mar-a-Lago y los campos cercanos de golf a manos de Barnett Management, una empresa de contratación con oficinas centrales en West Palm Beach que se especializa en proveer empleados de mantenimiento de campos de golf, jardinería, cultivo y enfermería, así como personal de preparación de eventos y banquetes.
A finales de febrero, Jeff Payer, el superintendente del campo de golf del club Jupiter, llamó a su oficina a Hernández y a otros seis empleados de mantenimiento que aún estaban en la nómina de otra empresa de contratación, Ryvor Golf, según dijeron los trabajadores inmigrantes. Payer les informó que los iban a transferir a Barnett, la cual ya estaba manejando a la mayoría de los casi 30 trabajadores de mantenimiento y encargados de áreas exteriores del club.
“Nos dijo: ‘Pueden seguir trabajando; confiamos en ustedes y conocemos su trabajo’”, recordó Roberto Carlos Méndez, un guatemalteco de 29 años. Payer rechazó la solicitud para una entrevista y no respondió a nuestras preguntas.
No obstante, a principios de marzo, según dijeron varios exempleados, un representante de Barnett que visitó el club les dijo que no podían quedarse, pues solo las personas con documentos legales de inmigración podrían ser transferidas a la nómina de Barnett.
“Yo hablé personalmente con el tipo de Barnett. Me dijo que, lamentablemente, yo no cumplía con los requisitos para quedarme en el club”, contó Méndez, quien había trabajado para el complejo Jupiter desde que cruzó furtivamente la frontera hace casi cuatro años.
En entrevistas por separado, cinco de los trabajadores relataron la misma historia. Todos dijeron que estaban en el país de manera ilegal, que habían sido contratados a pesar de tener credenciales falsificadas de identificación y números falsos de Seguridad Social, y que todo había ocurrido apenas hace dos años y medio, durante la campaña presidencial de 2016. La ley de Florida no les exige a los empleadores utilizar el sistema de verificación electrónica E-Verify para revisar los documentos de los empleados, aunque algunas empresas, incluida Barnett, lo usan por voluntad propia.
Ningún miembro de la gerencia del club Jupiter ni de los otros complejos turísticos propiedad de Trump en Florida respondieron a las solicitudes de entrevista para este artículo; tampoco lo hicieron los funcionarios de la Organización Trump. Sin embargo, ninguno de los inmigrantes duda que los gerentes de los clubes sabían que ellos no tenían autorización para estar en el país y creen que se sintieron decepcionados al tener que despedirlos.
“Sabían que los inmigrantes que trabajaban ahí estaban en el país ilegalmente”, aseguró Giovanni Velásquez, un muchacho guatemalteco de 23 años que dijo que le habían permitido seguir trabajando durante todo ese tiempo porque lo necesitaban. “El conocimiento que tengo, el trabajo que hago, no se puede remplazar fácilmente. Ningún estadounidense quiere hacerlo”.
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