Nunca es fácil perder un teléfono celular bajo ninguna circunstancia: se extravían, los roban y, para la policía, son artefactos llenos de información “privada” muy valiosa que podría tomar mucho tiempo para ser procesada.
NYPD confiscó más de 55,000 teléfonos en 2020, según cifras municipales, y sólo devolvió 60% de ellos. La mayoría de los afectados son jóvenes, mucho menores de edad. Y aunque la cantidad incautada fue inferior a los 90,000 del año anterior a la pandemia, también lo fue el porcentaje devuelto en 2019 (70%).
Niños, padres y defensores de la justicia juvenil entrevistados por The City dicen que cuando se confisca el celular de un joven durante la pandemia, el costo va más allá de la incomodidad y la frustración: pierden un salvavidas para comunicarse, reportar problemas de seguridad, hacer trámites y hasta posiblemente acceder a la escuela.
Y aunque las demandas recientes y la legislación del Concejo Municipal han intentado acelerar la devolución de la propiedad, muchos dicen que los tribunales cerrados y otras restricciones del coronavirus han hecho que recuperar los teléfonos sea más difícil que nunca.
Mientras tanto, algunos abogados que representan a menores se preguntan si los teléfonos siempre son realmente necesarios como prueba en la mayoría de los casos que se confiscan a los adolescentes, mientras aumenta la expansión de las bases de datos de pandillas y ADN, en pleno auge de las redes sociales con acceso telefónico.
Un grupo de defensores de la privacidad ha estado luchando contra el Departamento de Policía de Nueva York en los tribunales para comprender mejor por qué se confiscan los teléfonos celulares a los neoyorquinos y qué sucede cuando se los quitan.
“Ésta parece ser un área donde el NYPD está frustrando sistemáticamente la supervisión pública… es muy preocupante para mí”, afirmó Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP), que presentó una demanda contra la policía en 2019 para obtener respuestas sobre el uso de “herramientas forenses para dispositivos móviles”.
La querella busca ayudar al público a comprender mejor cómo NYPD puede estar usando dispositivos que pueden ingresar y extraer datos de teléfonos celulares en una ciudad con un historial de seguimiento de niños a través de las aplicaciones en sus teléfonos. Un aspecto en el que la policía de Nueva York se niega es revelar qué delitos en particular son objeto de incautaciones y registros de teléfonos celulares.
STOP representa a Upturn, organización sin fines de lucro de justicia tecnológica que recientemente publicó un informe, titulado “Extracción masiva”, sobre los esfuerzos para comprender cómo las agencias policiales en todo el país usan los dispositivos. La policía de Nueva York fue una de las que se negó a entregar datos, según el reporte.
Un portavoz de la policía de Nueva York declinó decir qué porcentaje de teléfonos retenidos como evidencia se abrieron alguna vez con una orden judicial, o qué tipo de capacitación reciben los oficiales para estos procedimientos.
Oren Yaniv, portavoz del fiscal de distrito de Brooklyn, dijo que las decisiones de liberar teléfonos se toman caso por caso. Sus homólogos en Queens afirmaron que devuelven casi todas las propiedades por las que reciben solicitudes, y que desde 2019 se concedieron casi todas (93%) de las 4,700 peticiones y otras se aplazaron por razones legales.
Pero no pudieron decir si las devoluciones fueron antes o después de que concluyeran los procedimientos judiciales, o cuántas órdenes de registro se habían emitido para descifrar dispositivos móviles. Los representantes de los fiscales de distrito de El Bronx, Manhattan y Staten Island no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Antes de que los casos que involucran a menores sean transferidos o archivados en el Tribunal de Familia, el expediente tiene que pasar por un departamento de libertad condicional para su revisión. El proceso significa que los menores cuyos teléfonos son comprobados como evidencia enfrentan una demora adicional de hasta 90 días para que el caso se entregue a los fiscales, antes de poder solicitar una carta de devolución.
El Departamento Jurídico, que representa a la ciudad en el Tribunal de Familia, comprende “la mayor importancia de los teléfonos celulares y otros dispositivos para satisfacer la necesidad de las familias de acceder a la escuela y los servicios durante este momento difícil”, comentó la jefa de la División del Tribunal de Familia, Jennifer Gilroy Ruiz, en un comunicado. Mientras, miles siguen esperando.
@eldiariony
