El actual senador por la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, tiene sometido a la Justicia al exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, por una alegada estafa por el reparto de los dividendos que dejó la venta del edificio “Torre Empresarial Integral”, donde funciona actualmente el ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La querella fue interpuesta el 23 de agosto de 2018, por la supuesta distracción de más de 130 millones de pesos de la venta del edificio y está depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el empresario y ahora senador, socio de Pérez en la compañía constructora, a través de sus representantes legales Julio Santamaría, Daniel Izquierdo y Huáscar Tejeda.
El arrendamiento con opción a compra de esta edificación está bajo la lupa, desde que Temístocles Montás firmó el contrato con el Banco de Reservas por US$31,000,000.00, o RD$1,464,750,000.00, y sin licitación.
Freddy Pérez fue acusado, además, de abuso de confianza y asociación de malhechores, junto con los ingenieros Publio José Silfa Valencia y Ramón Andújar Ramírez, en presunta violación a los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal y el artículo tres de la Ley 155-17 de la Ley contra lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los abogados del querellante afirmaron que el beneficio neto, correspondiente a su representado Carlos Gómez Ureña, asciende a más de RD$130 millones, suma que según afirmaron, distrajeron los imputados Pérez, Silfa Valencia y Andújar Ramírez.
El siete de septiembre de 2018 presentaron una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por la inobservancia de las disposiciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Y más recientemente, el cinco de enero de 2021, los abogados de Gómez Ureña presentaron una denuncia de fraude fiscal por ante la Dirección General de Impuestos Internos.
Cronología de la litis
La sociedad de Pérez y Gómez se inició en el 2004, con la venta del edificio de apartamentos La Provence, en La Esperilla, Distrito Nacional. Posteriormente se asocian para construir la “Torre Empresarial Integral”, para oficinas y que terminaría siendo la actual sede del Ministerio de Industria y Comercio.
Pérez, Publio José Silfa Valencia y Ramón Antonio Andújar Ramírez suscribieron un contrato de sociedad con Carlos Manuel Gómez Ureña, actual senador por la provincia Espaillat, para la operación inmobiliaria.
Los terrenos donde se levantó el edificio tenían una hipoteca con el desaparecido Banco Mercantil y Gómez entregó a Freddy Pérez, en 2004, la suma de US$1,063.000.00 para cancelar la hipoteca y además un penthouse del edificio La Provence con un valor de US$400,000.00, cuyo valor se aplicó a la inversión para la construcción del edificio del MICM, que está ubicado en el sector Bella Vista.
El abogado de Gómez Ureña, Julio Santamaría Cesá, afirma que con esa inversión su cliente adquiere el 50% de la obra y se inició la construcción. Posteriormente en 2013, Pérez y sus asociados propusieron a su cliente concluir la obra con un financiamiento y fue entonces cuando las partes deciden acudir al Banco de Reservas. El cheque número 2083577, por valor de RD$661,399,622.00, fue emitido el 31 de enero de 2013, bajo la administración de Vicente Bengoa.
“Ahí es donde nosotros le cedemos los poderes para ir al Banco, a través de la compañía Diseño Integral, le entregamos la documentación para que se realizara la operación y eso fue debidamente consensuado. Todo iba muy bien y nos informaban periódicamente de las operaciones”, explicó Santamaría.
En el 2016 Pérez le propone a Gómez Ureña que compre el edificio, oferta que fue rechazada, pues la intención era operar en el lugar un hospital y los estudios determinaron que no era factible. Entonces se decidió vender el edificio y dividir las ganancias, como se estableció en el contrato.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado de Gómez Ureña, en octubre de 2017, Pérez y Asociados informan a su cliente que todavía el edificio no se había vendido, cuando los documentos que obtuvo Diario Libre indican que el Consejo de Directores del Banco de Reservas aprobó la compra del inmueble el 21 de diciembre de 2016 y se firmó el contrato el 19 de enero de 2017.
Explica Santamaría que el exministro de Obras Públicas del PLD y sus socios se querellaron contra el hoy senador por la provincia Espaillat, el 22 de agosto de 2018 ante el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitando que la investigación que se realiza continúe adelante y hasta las últimas consecuencias, pues “esto le permitirá constatar que, en realidad, se trata de un asunto que escapa al interés y competencia del sistema penal.”
Esta querella fue depositada por los abogados Ashley Andújar, Francisco Capellán Martínez y Manuel Ulises Bonelly Vega, quien renunció a llevar el caso y posteriormente fue seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura como miembro del Tribunal Constitucional, el pasado mes de enero.
El alegato de Freddy Pérez y sus asociados es que en el contrato firmado con Gómez Ureña se estableció que el costo de la construcción del edificio sería de US$5,647,238.11, los cuales serían aportados por los socios en partes iguales.
Explicaron que el costo de la construcción fue de RD$1,086,521,926.98, de los cuales RD$1,020,533,697.70 fueron aportados por ellos y que Gómez Ureña sólo aportó RD$65,000,000.00.
Refieren que el artículo siete del contrato dispone que “los beneficios que genere la obra serán liquidados al momento de la conclusión de la misma y serán repartidos en partes iguales, es decir 50% para los ingenieros y 50% para la segunda parte”.
Indican los abogados de Pérez y asociados en la instancia, que esa parte fue redactada “bajo un espíritu de equidad” y que así las cosas “cada una de las partes debían recibir beneficios en la misma proporción de lo invertido”.
Consultada sobre el proceso y para que diera la versión del proceso judicial que se sigue por la demanda por la supuesta distracción de más de 130 millones de pesos de la venta del edificio, la abogada Ashley Andújar se limitó a decir: “Por el momento hemos tomado la decisión de no emitir ninguna opinión al respecto”.
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En 2018, cuando Gómez Ureña se entera de la venta, solicita a Pérez, Silfa y Andújar la entrega del capital invertido y los beneficios a razón del 50% conforme al contrato que previamente suscribieron. Solo le fueron devueltos RD$64,000,000.00 de los RD$65, 000,000.00 que había invertido bajo el alegato de que el proyecto había sido deficitario.
No registran venta en DGII
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha 30 de septiembre de 2019 y a través del gerente legal Ubaldo Trinidad, informa al procurador fiscal y director técnico del Distrito Nacional, Wagner Vladimir Cubilete García: “Esta Dirección General le informa que, en nuestro Sistema Integrado de Información Tributaria, no figuran registros de operación inmobiliaria en virtud de contrato de compraventa del inmueble propiedad del referido contribuyente, no obstante, figuran pagos por concepto de impuestos de Registro y Conservación de Hipoteca”.
Comprado sin licitación
Diario Libre publicó el pasado 17 de febrero, que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante la gestión de Temístocles Montás, firmó el contrato de arrendamiento, con opción a compra, del edificio donde actualmente funciona, con el Banco de Reservas por US$ 31,000,000.00, sin licitación y por el cual se paga una mensualidad de RD$24,000,000.00.
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