El 18 de febrero de 2019 el coronel Rafael Núñez de Aza constituyó la empresa SOS Carretera SRL, con la que logró sustraer del erario público RD$ 128 millones 846 mil 657.11, según el expediente instrumentado por el Ministerio Público dentro de la Operación Coral.
De esa cantidad, aseguran las autoridades de la Procuraduría General de la República, RD$ 73 millones 461 mil 938.16 corresponden a contrataciones ficticias de SOS Carretera SRL con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para suplir combustibles, “pero en realidad fue una maniobra fradulenta para distraer dinero del patrimonio público”.
Pero en el supuesto entramado de corrupción Núñez de Aza no actuó solo, sino en coalición con los coimputados, el general de brigada Juan Carlos Torres Rubiouy el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre.
“Sobre lo anterior, el testigo, teniente de Corbeta, licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD, quien fungía en dicha institución como encargado de la sesión de combustible, establece que nunca fue recibido ningún ticket de combustible de la empresa SOS Carretera SRL, no obstante, por instrucciones de la comandancia debía firmar como recibido. Lo mismo fue declarado también por el anterior encargado de combustible, el teniente coronel de la Policía Nacional Juan Santiago Morales García”, indica.
El Ministerio Público también especifica que esas declaraciones fueron corroboradas por la testigo teniente de fragata Susana Adolfo Reyes ARD, quien se desempeña como analista de compras en CESTUR (hoy Politur), desde el año 2006, además de establecer que con relación a los procesos con SOS Carretera SRL, así como con las demás empresas usadas con el entramado, el expediente le era remitido completo para firmar, sin cumplir con el proceso real de compras, y que nunca ha visto tickets de combustibles de la misma.
En la compañía SOS Carretera SRL también figuran como socios fundadores de dicha empresa figuran la señora Rosa Antonia Disla, Yissel del Pilar Pérez Antigua, Francisca del Carmen Disla, Damiana Núñez Disla, quienes son la madre, la entonces esposa y las dos hermanas respectivamente de Núñez de Aza, quien entonces era el financiero tanto del CESTUR y del CUSEP.
“De igual forma, según la información obtenida de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, el nombre comercial SOS Carretera SRL se encuentra registrado bajo la titularidad de la señora, Rosa Antonia Disla. A partir del año 2010 fueron traspasadas todas las cuotas sociales a los señores Wellington Fernández Madera y el señor José Antonio Reyes, no obstantes los mismos establecen que no conocen la operativa de la empresa, reconociendo en el caso del señor Wellington Fernández Madera que el imputado Rafael Núñez de Aza le pidió que formara parte de la misma, pero que hasta la fecha entendía que esa empresa nunca funcionó”, indica el documento.
Mientras que en el Registro de Proveedor del Estado la persona que figura como contacto es la imputada Rossy M. Guzmán Sánchez.
Mientras que Manuel Rafael Guzmán Sánchez, hermano de la pastora, figura como gestor o responsable de la misma.
Por otro lado, indica el expediente, del monto total ante establecido, la suma de RD$ 55 millones 384 mil 718.95 fue sustraída a través de 40 contrataciones ficticias de SOS Carretera SRL con el CUSEP para suplir combustibles.
“Al verificar con el personal del CUSEP se pudo determinar que en dicho lugar nunca fue entregado un ticket de combustible de la empresa SOS Carretera SRL, sino que el primer año, durante la gestión del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, el combustible era entregado en un taller del CUSEP que posee una bomba a esos fines, pero luego, desde el 2013 hasta el 2020 sólo se utilizan tickets u órdenes dirigidas a la estación de combustible Texaco que se encuentra en la Av. Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional (Erick Gas del 2000)”.
Mientras que en el CUSEP el sistema de desviación de fondos a través de venta ficticias de combustibles con la empresa SOS Carretera SRL funcionaba de la forma siguiente: En primera instancia, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, junto con el Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, hoy teniente coronel de la Policía Nacional Juan Santiago Morales García, hacían una orden de compra dirigida a SOS Carretera para la adquisición de galones de combustibles. Este último establece, en interrogatorio hecho por el Ministerio Público, que el departamento de compras en el CUSEP no era más que una pantalla, pues los procesos se hacían completos en el área financiera y luego el imputado mayor José Rosario Pirón P.N., le llevaba el expediente sólo para firmarlo
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