La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó acusación formal contra treinta personas y 18 empresas que formaban parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
La procuradora de Corte, Mirna Ortíz, dijo que las 48 personas físicas y jurídicas (incluyendo iglesias) imputadas, son parte de una misma red y por eso solicitaron al juez que sean fusionados los dos casos de corrupción para que sean conocidos juntos.
La acusación depositada tiene más de tres mil páginas. Establece que los integrantes de la red Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles, explicó la procuradora de Corte Mirna Ortíz.
Caso Coral 5G
La red de corrupción estaba integrada por altos oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales.
Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Caso Coral
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
En el Caso Coral el Ministerio Público ya presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
Las imputaciones
Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana
DIARIOLIBRE
