La madre del hombre que denunció estar detenido de manera injusta con una prisión preventiva que ya se extiende por tres años, informó que a su hijo lo colocaron en celda de castigo al parecer en represalia por lo que expuso en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales.
“Mi hijo está muy mal y con una frustración que ya está de psicólogo”, declaró Altagracia Ramírez, quien reveló que no ha podido ver a su vástago Ruddy Roberto Santos Ramírez, desde que el pasado miércoles se quejó amargamente por su encierro y las deficiencias del sistema judicial dominicano.
La madre, sin ocultar la indignación, indicó que a su hijo se le está haciendo un daño irreparable al mantenerlo preso por una acusación sin ningún sustento jurídico. “Está preso injustamente, en base a mentiras”, añadió la dama.
EDITORIAL DEL LISTÍN
En su editorial del pasado sábado titulado “Un caso que parte el alma”, LISTÍN DIARIO se hizo eco del caso de Ruddy Roberto Santos Ramírez y deplora que la acusación haya caído en un limbo jurídico por los continuos reenvíos durante tres años.
“Tres años bajo prisión preventiva, sin someterlo a un juicio de fondo, ilustra el drama de las innumerables injusticias que sufren hoy centenares de ciudadanos presos en virtud de medidas de coerción dictadas por los jueces”, expresa la nota editorial de este diario.
Cuestiona también la aplicación de la prisión preventiva como principal medida de coerción, “método que se ha convertido en una vía rápida para mantener ciudadanos presos, privándolos de alternativas legales para responder a la justicia, por demás tardía e incierta”.
El caso de Ruddy Roberto Santos Ramírez, de 36 años y padre de tres hijos, se viralizó en las redes sociales cuando con evidente desesperación se quejó por la justicia tardía el pasado miércoles, al momento de ser trasladado del Palacio de Justicia a su celda en la cárcel pública del municipio de San Pedro de Macorís, conocida por la población como “El Azulito”.
CONSTANTES REENVÍOS
“Siempre falta un juez, siempre falta un policía, siempre falta algo, de reenvío en reenvío por tres años”, declaró Santos Ramírez, quien guarda prisión preventiva acusado de intentar desalojar a la fuerza a una mujer que ocupaba una vivienda suya como inquilina.
Denunció que lo mantienen detenido sin pruebas y pese a que la inquilina Madeline Nicole Pichardo ha cambiado la versión del caso en cuatro ocasiones y ni siquiera se ha presentado a las audiencias en los últimos dos años.
La casa en alquiler que dio lugar al conflicto entre propietario e inquilina está ubicada en la calle Principal del barrio Nuevo Amanecer, detrás del cementerio Santa Fe, en San Pedro de Macorís.
“Indignado de la política que hay en mi país, yo soy dominicano y merezco que se respeten mis derechos como ciudadano”, denunció en el vídeo el reo casi al borde de las lágrimas.
El imputado expresó también que fruto del encierro está perdiendo a su familia, incluida una hija de 13 años.
Surún Hernández, abogado de Santos Ramírez, anunció que hoy dará una rueda de prensa para referirse al caso, a las 10:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
Debido a la predilección de la prisión preventiva como medida de coerción, en esa situación hay 16,321 personas presas, equivalente al 61 por ciento de todos los encerrados en las cárceles del país, sin tener idea de cuándo los jueces fallarán definitivamente el fondo de sus procesos.
PODER JUDICIAL ACLARA
Sobre la denuncia, el Poder Judicial aclaró ayer en un comunicado de prensa que Santos Ramírez fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en octubre del 2021 y, en la actualidad, su proceso se conoce en juicio de fondo luego de que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anulara la sentencia y ordenara apertura a un nuevo juicio.
Explica que a Santos Ramírez se le acusa de violencia de género y de abuso sicológico contra un menor, tipificado en el artículo 309, numerales 1 y 3 del Código Penal dominicano y 396-B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Indica que su proceso se está conociendo en base a las garantías que establecen la Constitución y el Código Procesal Penal.
“La Corte emitió la sentencia núm. 334-2022-SSEN-00219 de fecha 6 de mayo de 2022, que anula y deja sin ningún efecto jurídico, por falta de motivación la sentencia núm. 340-03-2021-SSENT-00075, de fecha 5 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción de San Pedro de Macorís, y dispuso la celebración de nuevo juicio”, expresa el comunicado de prensa.
Precisa que el expediente data de 2020, pero al disponerse la celebración de un nuevo juicio el caso ha sido reenviado en varias ocasiones.
El caso llegó nueva vez al Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís el 27 de junio de 2022 y fijado mediante auto para el 24 de agosto de 2022. Se fijó otra vez para el 30 de noviembre de 2022 y se aplazó para el 20 de febrero de 2023.
El 20 de febrero la audiencia fue aplazada para el 9 de mayo y en esta última fecha otra vez fue fijada para el 30 de agosto del presente año.
Los aplazamientos y reenvíos han sido para que el imputado estuviera asistido de su abogado; en otra ocasión para que el tribunal sea constituido de manera válida, ya que dos de los magistrados habían participado del juicio que fue anulado; luego para citar un testigo y dictar orden de arresto contra otros dos que no comparecieron al tribunal.
