La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados discutió ayer con representantes de organismos de la seguridad pública y de las empresas del sector telefónico la aplicación de sanciones económicas y penales a quienes abusen del servicio de emergencia del número 911.
Entre las acciones discutidas se incluye el pago de una multa correspondiente a un salario mínimo y condenas propias del Código Procesal Penal.