El Ministerio Público se opuso ayer a que sean eliminados los artículos de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal Dominicano que establecen penas para los delitos de prensa y la responsabilidad “en cascada” para los directores de medios de comunicación por difamaciones emitidas por terceras personas.
La Procuraduría General de la República pidió ayer al Tribunal Constitucional que rechace la acción directa de inconstitucionalidad que presentaron los directores de los periódicos Listín Diario, Miguel Franjul; de El Caribe, Osvaldo Santana, y de El Día, Rafael Molina Molino, y la Fundación Prensa y Derecho, en contra varios artículos de la ley 6132 y del Código Penal.
Al leer sus conclusiones durante la audiencia celebrada ayer por el TC, el Ministerio Público, representado por el procurador general adjunto, Ricardo Taveras, consideró que procede rechazar la acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones legales. Mientras, la Cámara de Diputados, representado por el abogado Yerry de Jesús, no hizo objeción a la acción y lo dejó a la soberana decisión del TC.
