SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Cámara de Cuentas de la República (CCR) envió a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) la auditoria que les atribuye dispendio de recursos públicos a las gestiones de Carlos Amarante Baret y del general José Aníbal Sanz Jiminián al frente de la Dirección General de Migración (DGM).
El informe definitivo confirma anomalías y dispendios de recursos público por más de 800 millones de pesos en ambas administraciones, lo que motivo a la CCR enviar el informe a las autoridades judiciales.
Aunque organismo regulador confirmó la entrega de la auditoria al órgano de persecución de la Corrupción Pública, no se pudo establecer la fecha en la cual fue enviada.
La investigación financiera fue realizada en el periodo enero- diciembre de 2008, que se dividieron Carlos Amarante Baret y Sanz Jiminián en la Dirección general de Migración.
Entre las irregularidades más destacadas en el informe de fiscalización se encuentran el uso de RD$ 188.1 millones en pago de nóminas duplicadas para beneficiar a funcionarios del organismo y de otras instituciones del Estados mediante la duplicidad de cargos y de trabajo pagado y no realizados.
En la administración de Carlos Amarante Baret, actual ministro de Educación, los auditores hallaron cheques expedidos por un monto de RD$ 104 millones, por concepto de compras de materiales de construcción a nombre de personas que supuestamente recibieron los insumos en calidad de donación.
Los auditores afirman que las autoridades de Migración no pudieron presentar la documentación que demuestre que los cheques fueran retirados a los supuestos beneficiarios.
El informe de los auditores de la Cámara de Cuentas revela que durante el período auditado pudieron confirmar que la Dirección General de Migración evadió la entrega de RD$226.6 millones de pesos a la cuenta del Tesoro Nacional de la República.
Los fondos fueron obtenidos por la institución a través del cobro de impuestos por concepto de renovación de residencias a extranjeros, exámenes médicos, certificaciones, cobros a líneas aéreas y penalidades a turistas que violan su tiempo de permanencia autorizada en el territorio dominicano.
Según revela el informe, RD$143. 7millones fueron retenidos irregularmente durante los meses de enero- agosto de 2008, en la gestión de Carlos Amarante Baret, mientras que RD$ 82.9 millones se dejaron de entregar a la Tesorería Nacional en el período septiembre- diciembre del mismo año, en la administración del general José Aníbal Sanz Jiminián.
Los fondos fueron utilizados ilegalmente y sin supervisión oficial por ambos funcionarios en pagos de nóminas, viáticos, combustibles y compra de insumos varios, según refiere el informe contable.
La Cámara de Cuentas considera en su informe legal, que los dos funcionarios incurrieron en irregularidades y dispendio de fondos públicos, actuando al margen de la ley, existiendo sobre ellos indicios de responsabilidad penal.
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