Se espera que previo a la lectura del fallo sobre la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público, lleguen los legisladores Julio César Valetín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, quienes están implicados en el caso.
El juez Francisco Ortega decidirá esta tarde si acoge o no la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, de que se le imponga a los imputados 18 meses de prisión y que sean enviados la cárcel del Najayo, menos el empresarioÁngel Rondón, contra quien pidieron sea llevado a la cárcel de La Víctoria.
El Ministerio Público solicitó además que se declare complejo el proceso que se le sigue a los detenidos Juan Temístoclés Montás, del Comité Político del PLD y Ministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, tesorero del PLD y exministro de Obras Públicas; Radhamés Segura, del Comité Político del PLD y exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Andrés Bautista, presidente del PRM y expresidente del Senado; César Sánchez, exvicepresidente de la CDEEE; Ángel Rondón, empresario y representante comercial de Odebrecht en el país; Conrado Pittaluga, quien fungió como abogado de la empresa; Roberto Rodríguez, exsenador y exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi); Máximo D’Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica, y Ruddy González, exvocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
También hay orden de prisión contra a Bernardo Castellanos, quien reside en Panamá y por tal motivo se emitió una orden de captura internacional a la Interpol.
Además contra los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, pero la misma no se ha ejecutado porque los tres disfrutan de inmunidad parlamentaria.
En tanto que los abogados de los encartados solicitaron al juez Ortega que rechace el pedimento de la medida de coerción.
Las autoridades han aplicado medidas de restricción para el acceso tanto al edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia, como a la sala donde se realiza la audiencia.
Dentro del edificio, el acceso es libre por las escaleras hasta la quinta planta, luego se debe usar el ascensor para subir a la sexta planta donde sen encuentra la Segunda Sala Penal, donde el juez Ortega dará lectura a la decisión.
La entrada a la sexta planta solo es permitida a empleados, abogados y periodistas.
En las afueras de la Suprema Corte de Justicia agentes policiales custodian la explanada del edificio y sus alrededores.
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