Luego que a los imputados el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, le variara la medida de coerción de prisión a libertad provisional, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa interpuso un recurso de apelación a fin de que le revoquen la libertad.
El magistrado Ortega impuso una garantía económica de RD$70 millones a Ángel Rondón y RD$50 millones a Díaz Rúa mediante empresa aseguradora y presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público precisó que la variación de las medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, porque no han cambiado los presupuestos que en junio pasado le fueron presentados al mismo juez Ortega Polanco para imponerlas.
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